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Empresas de Economía Social y PGC hasta el 31-12-2010.

noreply@blogger.com (AE) — Wed, 23 Dec 2009 15:51:00 +0000

El Consejo de Ministros, de 23 de diciembre, ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía de forma excepcional en un año, hasta el 31 de diciembre de 2010, el régimen transitorio establecido para que las empresas de Economía Social se adapten a los criterios del nuevo Plan General de Contabilidad (PGC).

La extensión del régimen transitorio permitirá a las sociedades cooperativas acomodar sus estatutos de una forma más gradual a la nueva normativa contable y las habilitará para continuar contabilizando durante un año más su capital social dentro del capítulo de fondos propios.

Ya se había comentado en este blog que muy pocas comunidades autónomas habían adaptado sus legislaciones, a la normativa NIC/NIIF, en relación con la delimitación de fondos propios y ajenos en la figura del capital social cooperativo, por lo que se imponía la prórroga del régimen transitorio.

De no prorrogarse el régimen actual, a partir del 1 de enero de 2010 las sociedades cooperativas de competencia autonómica cuya ley sustantiva no hubiese sido modificada estarían obligadas a contabilizar el citado capital social como pasivo.

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Aspectos a mejorar en las Cuentas Anuales de las sociedades cotizadas.

noreply@blogger.com (AE) — Tue, 22 Dec 2009 07:37:00 +0000

Es conocido que la Ley del Mercado de Valores encomienda la revisión de las Cuentas Anuales de los emisores de valores (sociedades cotizadas) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al objeto de comprobar que la información pública regulada, incluidos los informes financieros anuales, se ha elaborado de conformidad con la normativa aplicable y proceder, en caso contrario, a requerir su cumplimiento.

En este sentido, la CNMV acaba de publicar el Informe sobre la supervisión de las cuentas anuales (excluidas SICAV) correspondiente al ejercicio 2008. En el informe se resumen las cuestiones más relevantes detectadas en el proceso de revisión de los estados financieros y los informes de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2008 de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, así como las actuaciones llevadas a cabo por la CNMV como resultado de dicho proceso.

La CNMV establece dos niveles de revisión sobre los informes financieros anuales:

En primer lugar, todos los informes recibidos en la CNMV se someten a una revisión formal y de cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente. Además, dentro de este tipo de revisión se incluyen otras cuestiones derivadas de cambios puntuales en la normativa contable.
Adicionalmente, se realiza una revisión sustantiva sobre un número determinado de cuentas anuales auditadas. Para identificar las entidades que serán objeto de revisión se aplica un modelo mixto de selección basado en el riesgo y en la rotación aleatoria, que se ajusta a los principios establecidos en el estándar nº 1 del Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR).

En la revisión formal de las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes al ejercicio 2008 se ha realizado un especial seguimiento de:

la transición al Nuevo Plan General de Contabilidad en las cuentas anuales individuales;
la declaración de responsabilidad sobre el contenido de los informes financieros anuales, firmada por los administradores (Artículo 8 Real Decreto 1362/2007);
la inclusión en el informe de gestión del Informe Anual de Gobierno Corporativo – IAGC– (Artículo 202 de la Ley de Sociedades Anónimas);
la información sobre la gestión de capital de las sociedades (NIC 1. 124 A-C);
la dotación del fondo de reserva en los fondos de titulización de activos;
la formulación de cuentas anuales no abreviadas (Artículos 175, 176, 201 de la Ley de Sociedades Anónimas); y
las diferencias existentes entre las cuentas anuales y la información financiera correspondiente al segundo semestre previamente remitida.

De esta revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, la CNMV ha identificado algunos aspectos de la normativa contable aplicable que considera relevantes y que no se utilizan adecuadamente. Esta identificación debe permitir a las sociedades emisoras mejorar la calidad de la información financiera regulada que suministran al mercado.

Los aspectos a mejorar son los siguientes:

Combinaciones de negocio.
Operaciones con partes vinculadas,
Inversiones y existencias en activos inmobiliarios.
Registro, valoración y desgloses sobre instrumentos financieros.
Deterioro de activos no financieros.
Ventas con arrendamiento posterior.
Parques fotovoltaicos y eólicos destinados a la venta en explotación.
Reconocimiento de ingresos.
Impuesto sobre sociedades.
Fondos de titulización de activos.
Presentación de los estados financieros.

Con independencia de que, en próximas entradas, nos ocupemos de los aspectos concretos requeridos por la CNMV, vamos a delimitar los requerimientos referentes a la presentación de los estados financieros que, por otra parte, resultan muy esclarecedores.

Señala la CNMV, en relación con la presentación de los estados financieros, que:

De conformidad con lo indicado por la base de conclusión 13 de la NIC 1: Presentación de estados financieros podría resultar confuso y dañar la comparabilidad de los estados financieros, excluir del resultado de explotación elementos de naturaleza operativa. No es apropiado excluir partidas porque ocurran de forma irregular o su importe sea inusual, como sería el caso de deterioros de activos asociados a la explotación o fondos de comercio.
El estado de flujos de efectivo no debe contener: flujos calculados en términos netos (salvo cuando esté permitido [p.22 de la NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo]), transacciones no monetarias, ni flujos calculados de acuerdo con el devengo (excepto cuando se utiliza el método indirecto por la incorporación del resultado y sus ajustes en las actividades de explotación).
La entidad cambiará la presentación de sus estados financieros sólo si dicho cambio suministra información fiable, resulta más relevante para los usuarios y la nueva estructura tuviera vocación de continuidad, de forma que la comparabilidad no quedase perjudicada. Cuando tengan lugar tales cambios en la presentación, la entidad reclasificará la información comparativa.
Las entidades deben presentar adecuadamente las operaciones interrumpidas, con carácter general, aquellas líneas de negocio o áreas geográficas significativas que la empresa bien ha enajenado, o bien tiene previsto enajenar dentro de los doce meses siguientes. En concreto, se ha observado que se clasifican como actividades interrumpidas gastos asociados a dichas actividades que no cumplen, en algunos casos, los requisitos exigidos por la NIIF 5 y que no se desglosa información comparativa.
Las notas de la memoria deben describir los criterios contables y normas de valoración que han sido efectivamente aplicados en las cuentas anuales, eliminando toda referencia a partidas, operaciones o hechos económicos que no han tenido reflejo contable o no han ocurrido en los ejercicios a los que se refieren los estados financieros.

Más información:

CNMV.

Imágenes: dreamstime.

Feliz Navidad 2009.

noreply@blogger.com (AE) — Sun, 20 Dec 2009 23:02:00 +0000

LA NAVIDAD EN EL ARTE

El reparto de dividendos (a cuenta 2009) de la empresa española.

noreply@blogger.com (AE) — Sat, 19 Dec 2009 18:05:00 +0000

Nos encontramos en unas fechas en las que el reparto de dividendos (a cuenta) ha crecido, fundamentalmente, en el marco de las grandes empresas, influidos por las ventajosas repercusiones fiscales, básicamente, de los accionistas ante la inminente subida de los impuestos.

Si nos referimos a las empresas cotizadas (bolsas españolas) el importe repartido (o a repartir) en diciembre casi duplica la cifra de diciembre del año 2008 (ver detalle y gráfico en Expansión)

Resulta conocido que el tratamiento fiscal de los dividendos percibidos por personas físicas, con carácter general, se grava en el socio persona física al tipo fijo del 18% sin aplicar ningún tipo de derecho a deducción por doble imposición, ya que dichas rentas se integran en la base del ahorro que se grava a un tipo fijo. Este tipo del 18% se verá aumentado en el año 2010 al 19 ó 21% según las plusvalías generadas.

Es evidente, que esta tributación favorece a los contribuyentes del IRPF con tipos marginales más elevados, ya que con el régimen anterior sufrían un gravamen neto después de aplicar la deducción por doble imposición superior, y perjudica a las rentas de menor nivel, dado que la percepción de dividendos permitía generar una deducción de la cuota superior al tipo de gravamen aplicable a dichos dividendos. Para paliar dicho efecto, se estableció una exención de 1.500 euros anuales aplicable por igual para todos los contribuyentes.

Además, en estos momentos, también se están manifestando situaciones en las que las empresas están pagando los dividendos en especie, en la mayoría de los casos, dando la opción de elegir a los accionistas. Es conocido que el pago de los dividendos en especie se articulan mediante la retribución a los accionistas a través de la entrega de acciones nuevas totalmente liberadas con cargo a reservas procedentes de beneficios no distribuidos.

Recordamos que la legislación (LIRPF) vigente establece que tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital mobiliario los rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad.

Quedan incluidos dentro de esta categoría los siguientes rendimientos, dinerarios o en especie:

Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los beneficios de cualquier tipo de entidad.
Los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas que, estatutariamente o por decisión de los órganos sociales, faculten para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o conceptos análogos de una entidad por causa distinta de la remuneración del trabajo personal.

Eso supone que el gravamen, de las acciones recibidas en concepto de dividendos, no tiene lugar en el momento de la recepción de las acciones liberadas, sino en el momento de posterior transmisión. Esto supone el gravamen de las plusvalías generadas cuando esas acciones se vendan.

Téngase en cuenta, no obstante, que esa plusvalía sí puede expresar una participación en beneficios. Cuando se capitalizan reservas, el beneficio se inmoviliza para el accionista, pero la entrega gratuita de las acciones representativas de ese aumento de capital, supone la entrega de ese beneficio, aunque sea inmovilizado bajo la forma de títulos representativos del capital. En este sentido,las acciones liberadas resultantes de las ampliaciones de capital que se entregan gratuitamente por efectuarse con cargo a reservas:

Son frutos producidos por las acciones anteriores y así lo reconoció el propio TEAC en resolución de 7 de junio de 2002 (César García Novoa)

Esta opción del reparto de dividendos (a cuenta) en especie (acciones emitidas por la sociedad que reparte el dividendo) ha sido utilizada en los últimos dividendos anunciados. De los primeros dividendos, en estas condiciones, en estas fechas, destaca los del Banco de Santander con las características siguientes:

A modo de conclusión:

por una parte, es evidente la búsqueda de la rebaja fiscal (para el accionista) en el incremento del reparto de los dividendos de estas fechas. Además, en las sociedades bancarias, se produce el fortalecimiento de capital, tan necesario en la situación actual, (con la emisión de nuevas acciones) que se utilizan para la liquidación de los dividendos,
de la otra, los dividendos en especie, desde la óptica de la tesorería de las empresas supone un alivio al no desembolsar en efectivo los dividendos propiciando, por tanto, la fortaleza financiera de la empresas.

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Nueva regulación de las participaciones significativas (II).

noreply@blogger.com (AE) — Mon, 07 Dec 2009 11:09:00 +0000

Recordamos que la Ley 5/2009 traspone al Derecho interno la Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de septiembre, que tiene por propósito la clarificación de los criterios y procedimientos conforme a los cuales se evalúa la idoneidad de los adquirentes potenciales de participaciones significativas en entidades supervisadas.

Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 7 de diciembre, del Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, se completa la transposición de la citada directiva regulando, entre otras cuestiones:

Cómo se habrán de computar las participaciones en entidades de crédito para determinar lo que se considera una participación significativa.
Prevé, asimismo, la elaboración y publicación de una lista por parte del Banco de España en la que se determinará el contenido de la información que el mismo podrá exigir para evaluar la adquisición de una participación significativa.

Con la aprobación de la referida Ley 5/2009 nuestra legislación entiende por participación significativa en una entidad de crédito española aquella que:

Alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 % del capital o de los derechos de voto de la entidad.
Sin llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la entidad.

Reglamentariamente se determinará, habida cuenta de las características de los distintos tipos de entidad de crédito, cuándo se deba presumir que una persona física o jurídica puede ejercer dicha influencia notable, teniendo en cuenta a estos efectos, entre otras, la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro de su consejo de administración.

Ahora el Real Decreto 1817/2009 concreta y precisa el control sobre la información de las participaciones significativas estableciendo que:

Las entidades de crédito comunicarán al Banco de España, en la forma que éste establezca, durante el mes siguiente a cada trimestre natural, la composición de su capital social, relacionando todos los accionistas, en el caso de los bancos y establecimientos financieros de crédito, o todos los tenedores de aportaciones, en el caso de las cooperativas de crédito, que al final de dicho período tengan la consideración de entidades financieras y los que, no siéndolo, tengan inscritas a su nombre acciones o aportaciones que representen un porcentaje del capital social de la entidad igual o superior al 0,25 por 100, en el caso de los bancos, del 1 por 100 en el de las cooperativas de crédito, o del 2,50 por 100 en el de los establecimientos financieros de crédito.

Por otra parte, la nueva regulación contempla que las acciones, aportaciones, o derechos de voto a integrar en el cómputo de una participación incluirán:

Los adquiridos directamente por el adquirente potencial;
Los adquiridos a través de sociedades controladas o participadas por el adquirente potencial;
Los adquiridos por sociedades integradas en el mismo grupo que el adquirente potencial o participadas por entidades del grupo;
Los adquiridos por otras personas que actúen por cuenta del adquirente potencial, o concertadamente con él o con sociedades de su grupo.
Los que posea el adquirente potencial vinculados a acciones adquiridas a través de persona interpuesta;
Los derechos de voto que puedan controlarse, declarando expresamente la intención de ejercerlos, como consecuencia del depósito de las acciones correspondientes como garantía;
Los derechos de voto que puedan ejercerse en virtud de acuerdos de constitución de un derecho de usufructo sobre acciones;
Los derechos de voto que estén vinculados a acciones depositadas en el adquirente potencial, siempre que éste pueda ejercerlos discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas;
Los derechos de voto que el adquirente potencial pueda ejercer en calidad de representante, cuando los pueda ejercer discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas;
Los derechos de voto que pueden ejercerse en virtud de acuerdos o negocios de los previstos en los números 6) a 9), celebrados por una entidad controlada por el adquirente potencial.

En la próxima entrada concretamos los detalles de la nueva regulación en relación con la autorización de las referidas participaciones significativas.

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Nueva regulación de las participaciones significativas (I).

Imágenes:

Banco de España (Senderos de asfalto).
Dreamstime.

Fiscalidad y contabilidad de la prima de emisión.

noreply@blogger.com (AE) — Wed, 02 Dec 2009 16:35:00 +0000

Resulta conocido que la prima de emisión consiste en la aportación que realizan los accionistas en la suscripción de acciones por un precio superior a su valor nominal.

Además, el Plan General de Contabilidad de 2007, en lo sucesivo PGC, añade:

En particular, incluye las diferencias que pudieran surgir entre los valores de escritura y los valores por los que deben registrarse los bienes recibidos en concepto de aportación no dineraria, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y valoración.

Estando en unas fechas de optimización de la factura fiscal, devengada hasta fin de año, que nos llegará el año que viene, nos vamos a ocupar, en esta entrada, de la prima de emisión en el supuesto de su distribución; analizando las repercusiones fiscales tanto para las que pagan como quienes reciben el importe de la prima distribuido.

En primer lugar, recordamos el origen de la prima de misión, su repercusión en el emisor de las acciones y, además, en el inversor que las suscribe, como puede observarse en el esquema siguiente:

En la emisión de acciones con prima, la sociedad anónima emisora:

Ámbito contable

cobra íntegramente su importe, de acuerdo con la legislación vigente,
registra el citado importe, a la inscripción del capital social correspondiente, conforme al PGC en la cuenta "110 Prima de emisión o de asunción",
califica la citada prima como una reserva y la
ubica en la rúbrica de Fondos Propios del Patrimonio Neto.

No existen repercusiones fiscales para la sociedad emisora en la emisión de las acciones, a excepción hecha del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al considerarse una operación societaria sujeta al mismo.

En relación con el inversor, la suscripción de acciones supondrá la adquisición de un activo financiero que, desde el punto de vista contable, valorará en función de la categoría correspondiente a las circunstancias y finalidad inherentes a la inversión realizada, generalmente, por el valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción que, evidentemente, incluirá el importe de la prima de emisión satisfecha.

No existen repercusiones fiscales para el inversor por la inversión realizada. Es evidente, que las consecuencias fiscales surgirán por los rendimientos y/o plusvalías que la referida genere.

En segundo lugar, en relación con la distribución de la prima de emisión que comentábamos al inicio, habría que recordar que la legislación mercantil vigente no limita, en sentido alguno, la disposición de la prima de emisión llegando, incluso, en determinadas cuestiones, a su equiparación con las reservas de libre disposición.

Por tanto, las connotaciones contables y fiscales en la sociedad que distribuye la prima de emisión no son de especial significación.

Es evidente, por otra parte, que la disposición de la prima de emisión para el reparto de los accionistas, vía dividendos, deberá acogerse a la legislación mercantil vigente (puede verse aquí las manifestaciones más relevantes). En este sentido, resulta conocido que la retribución a los accionistas no supone un gasto fiscal para la empresa; por ello, la disposición de la prima de emisión con la finalidad de retribuir a los socios tampoco será deducible en el impuesto de sociedades.

En relación con el inversor, es decir, quien recibe la prima emisión distribuida, debe calificar el importe recibido como un rendimiento del capital mobiliario, a efectos del IRPF, pero el importe obtenido:

minorará, hasta su anulación, el valor de adquisición de las acciones o participaciones afectadas y
el exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento del capital mobiliario.

Esto supone que hasta la absorción del precio de adquisición de la inversión el importe obtenido no tributará, en el ejercicio del cobro, de forma alguna. Es cierto, que al minorar el precio de adquisición, la tributación se está difiriendo a la fecha de la transmisión de las acciones.

Resulta, por tanto, una opción interesante, si existe la prima de emisión y se cumple con las condiciones de la legislación mercantil, en el marco de la optimización de la factura fiscal del accionista.

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Escenarios sociales del Capital.

noreply@blogger.com (AE) — Tue, 01 Dec 2009 17:36:00 +0000

Suele utilizarse el término Capital en diferentes escenarios: capital humano, capital intelectual,..., y capital social que lo poyectamos en el ámbito jurídico y societario de las personas jurídicas.

Pretendemos reflexionar sobre el capital social en los cuatro escenarios que representamos en la siguiente figura:

Es evidente que existen pocas similitudes en la configuración jurídica de las sociedades que hemos elegido; por ello, las relaciones societarias entre aportantes y la sociedad pueden resultar de interés.

De esta forma cada una de las formas sociales elegidas son interesantes, en nuestra opinión, fundamentalmente, por las siguientes circunstancias:

las sociedades anónimas son el referente de las sociedades capitalistas,
las cajas de ahorros sometidas a las exigencias de capital regulatorio por los reguladores y supervisores, tan necesitadas de capital social y privadas, por su naturaleza jurídica, de los tradicionales mecanismos del capital social.
las cooperativas que, de forma similar a las cajas de ahorros, su naturaleza ha generado grandes dificultades, básicamente en el IASB, y consecuentemente en las NIIF, en el cómputo de las aportaciones de sus socios como fondos propios integrantes del patrimonio neto, como se reconoce a, la mayoría de, las aportaciones de los socios, con independencia de la forma social adoptada.
y, por último, las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, son las recién llegadas al panorama legislativo español y, además, estrenan con el 2010 su nacimiento.

En relación con las cooperativas conviene recordar que el Real Decreto 1514/2007, que aprobó el Plan General de Contabilidad, en adelante PGC, en su disposición transitoria quinta establece que:

Los criterios por los que se establece la delimitación entre fondos propios y fondos ajenos en las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, aprobadas por Orden del Ministerio de Economía 3614/2003, de 16 de diciembre, podrán seguir aplicándose hasta 31 de diciembre de 2009.

Es cierto que estamos en diciembre y, del conjunto de legislaciones autonómicas existentes en nuestro país, solo dos comunidades (El País Vasco y Navarra) han adaptado sus normativas a los requerimientos de las NIIF.

Por otra parte, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) como es sabido no ha actualizado las Normas sobre los Aspectos Contables de las Cooperativas y, por lo que conocemos, la intención del ICAC es prorrogar hasta finales de 2010 la aplicación de las referidas normas de 2003.

Una vez descrita la situación en esta primera entrada nos ocupamos del capital social en las SOCIMI para, en próximas entradas, analizar el resto de escenarios enunciados.

Las SOCIMI son sociedades cuya actividad principal es la inversión, directa o indirecta, en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, incluyendo tanto viviendas, como locales comerciales, residencias, hoteles, garajes u oficinas, entre otros.

La creación de este nuevo tipo de sociedades mercantiles, según establece el preámbulo de la Ley que las regula, requiere establecer para las mismas ciertos requisitos relativos a la inversión patrimonial, a las rentas que dicha inversión genere y a la obligatoriedad de distribución de resultados, de manera que su cumplimiento permita a estas sociedades optar por la aplicación de un régimen fiscal especial.

Capital Social

Las SOCIMI tendrán un capital social mínimo de 15 millones de euros.
Las aportaciones no dinerarias para la constitución o ampliación del capital que se efectúen en bienes inmuebles deberán tasarse en el momento de su aportación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y a dicho fin, el experto independiente designado por el Registrador Mercantil habrá de ser una de las sociedades de tasación previstas en la legislación del mercado hipotecario. Igualmente, se exigirá tasación por una de las sociedades de tasación señaladas para las aportaciones no dinerarias que se efectúen en inmuebles para la constitución o ampliación del capital de las entidades señaladas en la letra c) del artículo 2.1 de la Ley SOCIMIS.
Sólo podrá haber una clase de acciones.
Cuando la sociedad haya optado por el régimen fiscal especial establecido por la normativa, deberá incluir en la denominación de la compañía la indicación «Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario, Sociedad Anónima», o su abreviatura, «SOCIMI, S.A.»

Distribución de resultados

Resulta interesante en la regulación de las SOCIMIS la referida obligatoriedad del reparto de dividendos que, para acogerse a la aplicación del régimen fiscal especial establecido en la Ley, viene a señalar, de forma resumida establece que se repartirá:

Al menos el 90% de los beneficios que no procedan de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones.
Al menos el 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones.
El 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley.

Y, para concluir, una breve referencia a la fiscalidad de estas sociedades:

Las SOCIMI pueden optar por el régimen especial en el impuesto de sociedades establecido en la Ley, régimen especial que también es aplicable a sus socios, con las siguientes características:

Estarán exentas en el 20% las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas siempre que más del 50 por ciento del activo de la sociedad esté formado por viviendas.
El tipo de gravamen de estas sociedades será del 18%. Existen, no obstante, algunas excepciones cuando se trate de rentas obtenidas con incumplimiento de alguno de los requisitos impuestos por la Ley.
La cuota íntegra resultante disfrutará de las reducciones y bonificaciones establecidas con carácter general en la LIS.
Los dividendos distribuidos por la sociedad no estarán sometidos a retención o ingreso a cuenta, cualquiera que sea la naturaleza del socio que perciba los dividendos.

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Valor (razonable) en el clásico Barça-Madrid (1-0).

noreply@blogger.com (AE) — Sun, 29 Nov 2009 08:19:00 +0000

La disputa de un clásico Barça-Madrid supone un evento de enorme trascendencia deportiva y, por supuesto, económica. En el ámbito deportivo somos aficionados tanto del buen fútbol como de los buenos resultados. Es cierto que, aplicando el sentido común, si buen juego y resultados se unen, la satisfacción deportiva y económica será mayor.

Resulta evidente que en esta entrada no nos vamos a ocupar de la reseña deportiva del clásico de hoy, nos centramos en determinados aspectos económicos que pudieran resultar de interés.

Valores económicos a considerar:

Ingresos

En el capítulo de ingresos (derechos comerciales y socios /abonados) el Real Madrid se sitúa en torno a 366 millones de euros de facturación, última cifra publicada, lo que le sitúa en el primer lugar en el ranking mundial de ingresos. El Barça, por su parte, ocupa el tercer lugar, por detrás del Manchester United, con 309 millones de euros.
Los dos clubes han seguido distintas estrategias en cuanto a la generación de ingresos. No obstante, ambos tienen el mismo modelo de negocio. Un modelo de negocio que es muy similar al de otros equipos como el Manchester United, Bayern Munich, Chelsea, Arsenal, Liverpool, AC Milan o Inter, que son los que constituyen el top ten del fútbol mundial por ingresos.

En este sentido resulta interesante la comparación que realiza Marcel Planellas de las principales fuentes de ingresos de los dos clubes:

la venta de entradas representa el 29%, en el caso del Barça, y el 28%, en el caso del Madrid,
los derechos de televisión son el 35% de los ingresos del Real Madrid y el 33% de los del Barcelona, y
los ingresos comerciales alcanzan el 38% en el FC Barcelona y el 37% en el Real Madrid.

Inversiones Temporada 2009 /2010

Tanto el Madrid como el Barça fueron protagonistas de 6 de los fichajes más caros del verano: Cristiano Ronaldo (94 millones), Ibrahimovic (66 millones) y Kaká (65 millones) ocupan el podio, mientras que Benzema (35 millones) es el quinto, Xavi Alonso (30 millones) el séptimo y Chygrynskiy (25 millones) el décimo.
Entre ambos clubes han invertido unos 367 millones de euros en fichajes de jugadores, esto significa más del 80% del total gastado por los clubes españoles por este concepto.

Por otra parte, la remuneración (ficha, sueldos, primas) de los jugadores de los dos equipos del derbi de hoy, sin duda, está por encima de cualquier otro espectáculo futbolístico en el mundo. No resulta extraño considerando que de los 10 finalistas del balón de oro de 2009 (lista conocida esta mañana) que concede la revista France Football, 6 están en el clásico: Xavi, Iniesta, Messi e Ibrahimovic por el Barça y Kaká y Ronaldo por el Madrid.

Valor razonable en el clásico

Igual sucede con el valor razonable (valor de mercado) de los citados jugadores. No se había visto en el mundo, todavía, tantos millones de euros juntos en un campo de fútbol, si nos fijamos en el valor de mercado de los 22 iniciales, o por valoración de los banquillos. Por supuesto, que no nos atrevemos a cuantificar la partida del valor razonable de los jugadores por equipo. Es cierto que el valor razonable de algunos jugadores no difiere sustancialmente (por ejemplo, Messi y Ronaldo pero las diferencias son abrumadoras si se compara el precio de adquisición de cada uno de ellos; es lo que algunos llaman la diferencia entre cantera y cartera).

Tampoco, en otro sentido, sería fácil de cuantificar el valor razonable de la ilusión de los millones de seguidores de ambos clubes al inicio del choque y, como no, del valor razonable de la desilusión al término del mismo. Pero, ¿acaso necesitamos cuantificar estos sentimientos?

Afortunadamente, existen otros valores en el fútbol, al menos, tan importantes como los económicos. Y, recurriendo a los tópicos, el balón es redondo, a veces, entra en la portería y, en otras, no quiere entrar. Y esto no lo va a cambiar, felizmente, ni los expertos económicos ni, tampoco, los políticos.

Esto es el fútbol. Ilusiona y desilusiona, pero solo hasta la próxima. A mí me gusta.Y me parece razonable que no cambie.

El cierre contable (2009) y la corrección de errores del cierre (2008).

noreply@blogger.com (AE) — Sun, 22 Nov 2009 09:10:00 +0000

Hemos manifestado en la entrada anterior, la proximidad del cierre contable y fiscal del ejercicio económico 2009 y la conveniencia de su planificación, de forma, que posibilite la formulación de los estados contables obtenidos presenten, sin lugar a dudas, la imagen fiel de la situación patrimonial, financiera y económica de la empresa.

Todo manual, protocolo o recomendaciones en relación con el cierre contable contiene o debía contener en nuestra opinión:

En primer lugar, un apartado dedicado al reconocimiento adecuado de los errores del ejercicio anterior o anteriores así, como, la incidencia en las cuentas anuales. Esta actuación está expresamente contemplada y desarrollada en el Plan General de Contabilidad (PGC).
En segundo lugar, fundamentalmente, para el próximo cierre contable ha de incluir la corrección de aquellas operaciones y ajustes que, consecuencia de la implantación del nuevo PGC, con el transcurso del tiempo, con la experiencia acumulada y los conocimientos adquiridos no resultan correctas con la normativa correspondiente.

En relación con la corrección de ejercicios anteriores, recordamos que la el PGC (Norma de Registro y Valoración Nº 22) señala que:

En la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores serán de aplicación las mismas reglas que para los cambios de criterios contables. A estos efectos, se entiende por errores las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información fiable que estaba disponible cuando se formularon y que la empresa podría haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas.

Por otra parte, es sabido que cuando se produzca un cambio de criterio contable, que sólo procederá de acuerdo con lo establecido en el principio de uniformidad, se aplicará de forma retroactiva y su efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información.

El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive de dicha aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de criterio, el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto, en una partida de reservas salvo que afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los ejercicios previos directamente en otra partida del patrimonio neto. Asimismo se modificarán las cifras afectadas en la información comparativa de los ejercicios a los que le afecte el cambio de criterio contable.

En relación con los errores en la implantación del PGC, cierre contable (2008), recordamos que en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto que aprueba el PGC establece que:

En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el Plan General de Contabilidad, se deberá incorporar la siguiente información:

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir de la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad, se considerarán cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las referidas cuentas.
Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de dichas cuentas anuales iniciales se reflejarán el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.
Asimismo, en la memoria de estas primeras cuentas anuales, se creará un apartado con la denominación de Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables, en el que se incluirá una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la empresa.

En particular, se incluirá una conciliación referida a la fecha del balance de apertura. No obstante, la empresa podrá presentar información comparativa del ejercicio anterior adaptada al PGC, para lo cual preparará un balance de apertura de dicho ejercicio precedente con arreglo a los nuevos criterios y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones transitorias del Real Decreto que aprobó el PGC. En este caso, además de incluir en memoria una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, se cuantificará el impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto y en los resultados de la empresa. En particular, se incluirá:

Una conciliación del patrimonio neto en la fecha del balance de apertura del ejercicio precedente.
Una conciliación del patrimonio neto y de los resultados referida a la fecha de cierre del último ejercicio en que resultaron de aplicación los criterios anteriores.

Las conciliaciones referidas en el presente apartado se realizarán con el suficiente detalle como para permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes significativos como consecuencia de la transición.

En cualquier caso, deberá suministrarse adicionalmente la siguiente información:

El valor razonable de los activos financieros o pasivos financieros designados en la categoría de Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias a que hace referencia la disposición transitoria segunda, así como su clasificación y valor contable en las cuentas anuales cerradas en la fecha de transición.
Si como consecuencia de los ajustes a realizar en la fecha de transición se reconoce o revierte una pérdida por deterioro del valor de los activos, la empresa deberá suministrar en la memoria la información requerida sobre este aspecto en el Plan General de Contabilidad.

Fecha de transición es la fecha del balance de apertura del ejercicio en que se aplique por primera vez el Plan General de Contabilidad, salvo que la empresa incluya información comparativa del ejercicio anterior adaptada, en cuyo caso, será la fecha del balance de apertura de dicho ejercicio anterior.

En esta situación, consideramos que la transición al nuevo PGC ha podido generar irregularidades o errores: de naturaleza patrimonial, financiera, económica y, por supuesto, fiscal.

Si nos centramos en el ámbito tributario, es evidente que la información contable de la empresa, contenida en las cuentas anuales y en el impuesto de sociedades, en la actualidad, se ha convertido en la mejor herramienta de la Agencia Tributaria (algunos califican esta situación como los peligros de la contabilidad).

En este sentido, es de suponer, que la Administración Tributaria utilizará el caudal informativo que fluye de la nueva contabilidad española con fines, de nuevo suponemos, recaudatorios.

Conviene, por tanto, si todavía estamos a tiempo, incluir en el cierre contable del ejercicio 2009, la corrección de los ajustes necesarios para evitar o mitigar los efectos de la nueva factura fiscal correspondiente a la transición del nuevo Plan General de Contabilidad.

Para concluir, si tratáramos de visualizar las líneas de la referida factura fiscal podrían aparecer, al menos, los siguientes componentes:

Excesiva complejidad de la normativa.
Numerosas interpretaciones (falta de concreción).
Demora, cuando no ausencia, de la respuesta adecuada por las administraciones implicadas.
Tardía, precipitada y desafortunada campaña del Impuesto de Sociedades de 2008, por parte, de la Agencia Tributaria.

¿Quién pagará la referida factura fiscal? No se preocupe, nos dirán, pueden solicitar, incluso de forma telemática, el aplazamiento del pago.

¿Se podía haber evitado la susodicha factura fiscal? Esperamos comentarios al respecto.

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Protocolo del cierre del ejercicio (2009): fondo y forma.

noreply@blogger.com (AE) — Mon, 16 Nov 2009 19:42:00 +0000

Se acerca el fin de año y comienzan las tareas del cierre del ejercicio económico en en su doble dimensión: contable y fiscal.

Con independencia que planifiquemos, adecuadamente, el cierre contable y fiscal, por separado, mediante los protocolos de gestión contable y fiscal que estamos desarrollando; queremos poner de manifiesto, en esta entrada, la indudable relevancia de los aspectos formales de la gestión contable y, por supuesto, fiscal; la seguridad jurídica de estos procesos resulta fundamental, especialmente en el ámbito fiscal caracterizado, desde hace tiempo en nuestro país, por la constante actualización, año sí y otro también, y las numerosas interpretaciones, a veces, no disponibles en el plazo razonable que la planificación de la gestión en la empresa requiere.

Por otra parte, no olvidemos que la función del cierre contable que, en nuestra opinión, consiste en la formulación de unos estados contables que, la legislación denomina cuentas anuales, comunican a los usuarios interesados la situación patrimonial, económica y financiera.

Cuentas Anuales height="500" width="100%" > value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=12920748&access_key=key-2ffcii50s4ka8560ocbw&page=1&version=1&viewMode=list">

No obstante, no olvidemos que si los aspectos formales posibilitan la referida seguridad jurídica, necesaria para el ejercicio de la actividad económica, no es menos cierto que la información que proporcionan las cuentas anuales debe guiar la gestión económica-financiera de la empresa, en sus horizontes del día a día y a medio y largo plazo.

Y, en este sentido, como profesionales de la gestión empresarial nos congratula que una instancia tan alta como el Tribunal Supremo declare que:

según la jurisprudencia de esta Sala, la formulación de las cuentas anuales de una sociedad carentes de claridad, que no muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, infringe la regla del artículo 34.2 del Código de Comercio, y, en su caso, el artículo 172.2 LSA, y determina la nulidad de pleno derecho del acuerdo por el que se aprueben, lo que, en el caso de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada (artículos 115.2 LSA y 56 y 84 LSRL) posibilita su impugnación de acuerdo con lo previsto en los artículos 115.1, 116.1 y 117.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Esto es, no basta que las Cuentas Anuales cumplan, en su formulación el conjunto de obligaciones formales de naturaleza jurídica, sino que resulta necesario que satisfagan su cometido, es decir, que muestren, inequívocamente, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados: recogidos en pérdidas y ganancias y los que se presentan en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN).

¿Se equipararán, definitivamente, forma y fondo en el cierre del ejercicio 2009?

Más información:

Utilidades para el cierre contable.

Dividendos, patrimonio neto y optimización fiscal.

noreply@blogger.com (AE) — Sun, 15 Nov 2009 20:17:00 +0000

Es conocido que la tributación de las rentas de capital (ahorro) sufre una subida en el año 2010, que se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (2010) que se encuentra en su tour parlamentario y, además, otras modificaciones introducidas por la conocida como Ley SOCIMI que ya están en vigor.

Una de las opciones de optimización fiscal, válida hasta finales de 2009, consiste en el reparto de dividendos a cuenta de los resultados del ejercicio 2009 que, generalmente, presenta su cierre a final de año. De esta forma, los accionistas pueden verse favorecidos, hasta en un 3%, en la tributación de los rendimientos percibidos, como mostramos en la siguiente figura:

Es evidente, que el referido reparto de dividendos cuenta requiere la existencia de la tesorería suficiente para hacer frente al pago, no sólo por aplicación del sentido común, sino además por los requerimientos legales que resumimos a continuación:

Dividendos Activos a cuenta

La distribución entre los accionistas de cantidades a cuenta de dividendos sólo podrá acordarse por la Junta General o por los Administradores bajo las siguientes condiciones:

Los Administradores formularán un estado contable en el que se ponga de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución. Dicho estado se incluirá posteriormente en la Memoria.
La cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de los resultados desde el fin del último ejercicio, deducidas las pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con las que deban dotarse las reservas obligatorias por Ley o por disposición estatutaria, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados.

Además, hemos de recordar la inevitable conexión entre patrimonio neto y dividendos que establece la legislación vigente como sigue:

A los efectos de la distribución de beneficios, .... de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, se considerará patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. También a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se considerarán patrimonio neto.

Aplicación Resultados height="500" width="100%" > value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=12917976&access_key=key-1s5o5qj0z5c70iolfj8b&page=1&version=1&viewMode=list">

Consolidación fiscal y contable (I).

noreply@blogger.com (AE) — Sun, 15 Nov 2009 09:15:00 +0000

Entendemos la consolidación como el proceso que posibilita la obtención de unos estados contables consolidados (cuentas anuales consolidadas) a partir de los estados contables (cuentas anuales individuales) de las empresas incluidas en la consolidación.

De esta forma, las cuentas anuales consolidadas presentarán el patrimonio, la situación financiera y los resultados de las empresas consideradas en la consolidación, como si se tratara de una sola empresa.

En este sentido, la consolidación fiscal y la consolidación contable son nociones que se encuentran entrelazadas, pudiéndose decir que la consolidación fiscal es el producto o reflejo en el mundo del Impuesto de Sociedades de la realidad más amplia que representa la consolidación contable.

Para efectuar el análisis que nos proponemos en esta entrada, nos apoyamos en la diferente concepción del grupo fiscal y el grupo, a efectos de la consolidación contable, que suele conocerse como grupo mercantil.

Es conocido que un grupo fiscal es el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones residentes en territorio español formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de ésta.

Siendo la sociedad dominante aquella que cumpla los requisitos siguientes:

Tener alguna de las formas jurídicas establecidas en el apartado anterior o, en su defecto, tener personalidad jurídica y estar sujeta y no exenta al Impuesto sobre Sociedades. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes situados en territorio español podrán ser considerados sociedades dominantes respecto de las sociedades cuyas participaciones estén afectas al mismo.
Que tenga una participación, directa o indirecta, al menos, del 75 % del capital social de otra u otras sociedades el primer día del período impositivo en que sea de aplicación este régimen de tributación, o de, al menos, el 70 % del capital social, si se trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado.
Que dicha participación se mantenga durante todo el período impositivo. El requisito de mantenimiento de la participación durante todo el período impositivo no será exigible en el supuesto de disolución de la entidad participada.
Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio español, que reúna los requisitos para ser considerada como dominante.
Que no esté sometida al régimen especial de las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas.
Que, tratándose de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español, dichas entidades no sean dependientes de ninguna otra residente en territorio español que reúna los requisitos para ser considerada como dominante y residan en un país o territorio con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información.

Por otra parte, se entenderá por sociedad dependiente aquélla sobre la que la sociedad dominante posea una participación que reúna los requisitos contenidos en los párrafos 2 y 3 del apartado anterior.

Además, no podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que estén exentas del Impuesto de Sociedades.
Que al cierre del período impositivo se encuentren en situación de concurso, o incursas en la situación patrimonial prevista en el artículo 260.1.4 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, aun cuando no tuvieran la forma de sociedades anónimas, a menos que con anterioridad a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas anuales esta última situación hubiese sido superada.
Las sociedades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen diferente al de la sociedad dominante.
Las sociedades dependientes cuya participación se alcance a través de otra sociedad que no reúna los requisitos establecidos para formar parte del grupo fiscal.

El grupo fiscal se extinguirá cuando la sociedad dominante pierda dicho carácter.

Podemos considerar como diferencias (más relevantes, en el marco de esta entrada) entre grupo fiscal y grupo mercantil:

En la norma mercantil no existen restricciones en relación a la forma jurídica de las sociedades del grupo. El único requisito afecta a la sociedad dominante que debe tener carácter mercantil. Desde la perspectiva de la norma fiscal para que exista grupo es necesario que todas las sociedades que lo integran hayan adoptado forma jurídica societaria.
En relación a las participaciones, la norma fiscal no concibe otra forma de dominio que la que se manifiesta a través de la participación en el capital social de la entidad participada. La norma mercantil extiende las formas de dominio a la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos de administración.

Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.

No obstante, no se estará obligado a efectuar la consolidación, si se cumple alguna de las situaciones siguientes:

Cuando en la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad obligada a consolidar el conjunto de las sociedades no sobrepase, en sus últimas cuentas anuales, dos de los límites señalados en la Ley de Sociedades Anónimas para la formulación de cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, salvo que alguna de las sociedades del grupo haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
Cuando la sociedad obligada a consolidar sometida a la legislación española sea al mismo tiempo dependiente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, si esta última sociedad posee el 50 % o más de las participaciones sociales de aquéllas y, los accionistas o socios que posean, al menos, el 10 % no hayan solicitado la formulación de cuentas consolidadas 6 meses antes del cierre del ejercicio.
En todo caso será preciso que se cumplan los requisitos siguientes:

Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así como todas las sociedades que debiera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuentas de un grupo mayor, cuya sociedad dominante esté sometida a la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea.
Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación indique en sus cuentas la mención de estar exenta de la obligación de establecer las cuentas consolidadas, el grupo al que pertenece, la razón social y el domicilio de la sociedad dominante.
Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante, así como el informe de gestión y el informe de los auditores, se depositen en el Registro Mercantil, traducidos a alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, donde tenga su domicilio la sociedad dispensada.
Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación no haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

La absorción de empresas: nueva regulación mercantil y aspectos contables (I).

noreply@blogger.com (AE) — Sun, 08 Nov 2009 19:05:00 +0000

Recordamos que el nuevo Plan General de Contabilidad, PGC, incorpora una norma de registro y valoración sobre Combinaciones de negocios que agrupa operaciones societarias y negocios jurídicos cuyo resultado es la integración de dos o más empresas siempre que pueda identificarse un negocio adquirente y otro adquirido.

En este sentido se entiende un negocio el:

conjunto de elementos patrimoniales constitutivos de una unidad económica dirigida y gestionada con el propósito de proporcionar un rendimiento, menores costes u otros beneficios económicos a sus propietarios o partícipes y control es el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades.

Por otra parte, hemos manifestado en diferentes ocasiones la transcendencia de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (por ejemplo: Blog de Empresa, Economía y Contabilidad y Blog de Antonio Esteban),

La citada ley establece que, en virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles se integran en una única sociedad mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución a los socios de las sociedades que se extinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser de nueva creación o una de las sociedades que se fusionan.

De esta forma se distingue:

La fusión en una nueva sociedad implicará la extinción de cada una de las sociedades que se fusionan y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad, que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas.
Si la fusión hubiese de resultar de la absorción de una o más sociedades por otra ya existente, ésta adquirirá por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguirán, aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que proceda.

Es evidente, lo que la legislación califica como Continuidad en la participación, al producirse que:

Los socios de las sociedades extinguidas se integrarán en la sociedad resultante de la fusión, recibiendo un número de acciones o participaciones, o una cuota, en proporción a su respectiva participación en aquellas sociedades.
En el caso de una sociedad con uno o más socios industriales que se fusione en otra en la que no puedan existir tales socios, la participación de éstos en el capital de la sociedad resultante de la fusión se determinará atribuyendo a cada uno de ellos la participación en el capital de la sociedad extinguida correspondiente a la cuota de participación que le hubiera sido asignada en la escritura de constitución, o en su defecto, la que se convenga entre todos los socios de dicha sociedad, reduciéndose proporcionalmente en ambos casos la participación de los demás socios.

La subsistencia, en su caso, de la obligación personal del socio industrial en la sociedad que resulte de la fusión, exigirá siempre el consentimiento del socio y deberá instrumentarse como prestación accesoria cuando no puedan existir socios industriales.

En relación con el canje de la participación se regula las siguientes situaciones:

En las operaciones de fusión el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas de las sociedades que participan en la misma debe establecerse sobre la base del valor real de su patrimonio.
Cuando sea conveniente para ajustar el tipo de canje, los socios podrán recibir, además, una compensación en dinero que no exceda del diez por ciento del valor nominal de las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas.
Las acciones, participaciones o cuotas de las sociedades que se fusionan, que estuvieran en poder de cualquiera de ellas o en poder de otras personas que actuasen en su propio nombre (acciones o participaciones propias), pero por cuenta de esas sociedades, no podrán canjearse por acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante de la fusión y, en su caso, deberán ser amortizadas o extinguidas.

El resto de novedades de índole legislatativa podrían ser las siguientes:

El informe de expertos necesario para la fusión únicamente es obligatorio cuando la sociedad resultante fuera una sociedad anónima o una comanditaria por acciones, previéndose la posibilidad de que, aún siendo una sociedad anónima, pudiese omitirse dicho informe cuando lo acordara así por unanimidad, la totalidad de los socios con derecho a voto.
Si las sociedades participantes o la sociedad resultante de la fusión no fuesen anónimas o comanditarias por acciones, y el acuerdo de fusión hubiera sido adoptado por unanimidad por la totalidad del capital social, no será necesario el proyecto de fusión, ni el procedimiento general previsto para su publicidad e información.
Se admite la fusión de sociedades en liquidación.

En relación con contenido del proyecto común de fusión, en el marco de esta entrada, nos llama la atención que la mención a incluir referente a la fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad; cuestión que, además, coincide con lo requerido en la derogada disposición de la ley de sociedades anónimas al respecto.

Habría que recordar que en la práctica mercantil las empresas han venido fijando la fecha de efectos contables de forma potestativa, con base en la autonomía de la voluntad de las partes, con los únicos límites, con carácter general, de las últimas cuentas cerradas con anterioridad al proyecto de fusión y la fecha en que tiene eficacia la fusión.

No obstante, con la aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad (PGC) se establece la obligatoriedad del conocido como método de adquisición para el registro de las combinaciones que nos ocupa estableciendo el PGC (Norma de Registro y Valoración nº 19) que:

El método de adquisición supone que la empresa adquirente contabilizará, en la fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios, así como, en su caso, la diferencia entre el valor de dichos activos y pasivos y el coste de la combinación de negocios de acuerdo con lo indicado en los siguientes apartados. A partir de dicha fecha se registrarán los ingresos y gastos, así como los flujos de tesorería que correspondan.

La fecha de adquisición es aquélla en la que la empresa adquirente adquiere el control del negocio o negocios adquiridos.

En este sentido se manifiesta la consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC, septiembre 2008) que añade que, en caso de sociedades del mismo grupo, podrán pactar una fecha de eficacia contable en la fusión fusión anterior a la fecha en la que ésta se apruebe o inscriba (y siempre que sea posterior al momento en que dichas empresas formen parte del grupo).

En relación con el tratamiento contable, que en la próxima entrada detallaremos, se parte de delimitar la diferencia entre los activos adquiridos y los pasivos asumidos para el registro contable de las diferencias, fondo de comercio o diferencia negativa en combinaciones de negocios, como mostramos en la tabla siguiente.

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Imagen: dreamstime.

Fondos propios y tributación del accionista (socio).

noreply@blogger.com (AE) — Thu, 05 Nov 2009 09:58:00 +0000

Resulta conocido que el vehículo de inversión más habitual, para participar en una sociedad, lo constituye los Activos Financieros, ámbito del inversor, que se materializará en Instrumentos de patrimonio o Instrumentos de deuda, en el ámbito de la sociedad receptora de los recursos financieros correspondientes; es decir, financiación propia (fondos propios) o financiación ajena (pasivos) en el marco contable vigente.

En esta entrada, como mostramos en la figura anterior, nos preocupa la tributación de la rentabilidad del inversor, ante las modificaciones introducidas por la reciente Ley 11/2009, por la que se regulan las SOCIM, en el IRPF, en la calificación y, en definitiva, tipo de gravamen aplicable a los rendimientos percibidos por los accionistas (socios) en el marco de sus inversiones de naturaleza financiera.

En la nueva regulación de la fiscalidad de los rendimientos que comentamos se introduce la figura de los fondos propios que deben entenderse, en el marco de la legislación mercantil-contable vigente, como sigue:

En relación con la fiscalidad podemos distinguir:

Que los rendimientos que satisface la sociedad por la financiación recibida (propia y ajena), como resulta conocido, tiene diferente incidencia en la base imponible del impuesto de sociedades; en tanto que los intereses son gastos deducibles, los dividendos no lo son.
Desde el punto de vista del inversor ambos rendimientos, dividendos e intereses percibidos, se califican, con la nueva regulación, en el IRPF, como rentas del ahorro, con la excepción que se comenta con posterioridad.

Por otra parte, es conocido que mientras la renta calificada como general tributa, de forma progresiva, hasta el 43%; las rentas del ahorro, para el ejercicio 2009, se sitúa en el 18% (puede verse aquí la situación de estas rentas para el año 2010).

¿Qué papel le corresponden a los fondos propios de la sociedad en la tributación de sus socios?

Es evidente, la penalización de los rendimientos con origen en la financiación propia (no gasto deducible en la sociedad, 18% para el socio) frente a los rendimientos consecuencia de la financiación ajena (sí gasto deducible, 18% para el socio).

A fin de evitar excesivos desequilibrios entre financiación propia y ajena, es decir, ratios de endeudamiento desproporcionados, la nueva regulación de las rentas de capital que se comenta, limita la calificación de rentas del ahorro (18%) a la parte de la inversión (financiación) que no exceda de 3 veces el importe de los fondos propios de la sociedad atribuible a la participación del accionistas (socio).

Recogemos la regla establecida por la nueva regulación a efectos de concretar la situación:

No obstante, formarán parte de la renta general los rendimientos del capital mobiliario previstos en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley correspondientes al exceso del importe de los capitales propios cedidos a una entidad vinculada respecto del resultado de multiplicar por tres los fondos propios, en la parte que corresponda a la participación del contribuyente, de esta última.

Por tanto, nos encontramos:

por una parte, los rendimientos que resulten del exceso de financiación vía instrumentos deuda, sobre 3 veces el importe de los fondos propios, tributarán como renta general al tipo que le corresponda, y
de la otra, esto sólo resulta aplicable a los intereses percibidos por el contribuyente del IRPF de sociedades con él vinculadas. Es decir, con sociedades en las que se participe con más del 5% (1% si se trata de sociedades cotizadas) y para todos los administradores.

Conviene recordar, para concluir, que el escenario fiscal resultante de la nueva regulación se aplicará:

para los rendimientos correspondientes a partir del 1-1-2009, fecha de entrada en vigor, de la correspondiente modificación legislativa,
siendo los fondos propios aplicables a la excepción comentada, el importe de los mismos reflejado en el balance, correspondiente al ejercicio económico anterior al devengo para el contribuyente del IRPF y
el porcentaje de participación de éste en el citado importe referido a esa fecha.

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Negocios conjuntos (I): existencia de control.

noreply@blogger.com (AE) — Mon, 02 Nov 2009 13:46:00 +0000

Nos proponemos analizar la problemática mercantil, contable y fiscal de los negocios conjuntos en los escenarios que mostramos en la figura adjunta: la nueva NIIF 3, la revisada NIC 27, el Proyecto de Consolidación del IASB y, por último, la normativa española al respecto.

En primer lugar, en esta entrada, nos ocupamos del control financiero y de gestión para el desarrollo de los negocios conjuntos.

En enero de 2008 el IASB publicó la nueva versión de NIIF 3 Combinaciones de negocios junto con las modificaciones a la NIC 27 relativas a los cambios en las participaciones (Estados financieros consolidados y separados).

Estas modificaciones, que se han aprobado por la Unión Europea en el mes de junio de 2009, han entrado, con carácter obligatorio, para los ejercicios iniciados con posterioridad al 1 de julio de 2009, de modo que, en general, las empresas estarán aplicando estos cambios en el ejercicio anual que comienza el 1 de enero de 2010.

Por otra parte, la publicación del Proyecto de norma ED 10 (ED 10) Estados Financieros Consolidados (Exposure Draft ED10 Consolidated Financial Statements), en diciembre 2008, cuyo período de comentario público se cerró el pasado 20 de marzo 2009; estando planificada la publicación de la Norma de Consolidación a finales de 2009. La norma ED 10 sustituirá los requerimientos de consolidación de la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados y de la Interpretación SIC-12 Consolidación–Entidades de Cometido Específico.

En las normas internacionales vigentes (NIIF 3 y NIC 27) generalmente se presume que existe control cuando la dominante posee, directa o indirectamente a través de dependientes, más de la mitad de los derechos de voto de una entidad.

En circunstancias excepcionales, sin embargo, puede ser posible demostrar claramente que dicha titularidad no constituye control. También existe control si la dominante posee la mitad, o menos, de los derechos de voto de una entidad cuando:

Controla más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores;
Tiene potestad para dirigir las políticas financieras y operativas de la entidad conforme a la ley o un acuerdo;
Tiene potestad para designar o cesar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano rector equivalente y el control de la entidad recae en dicho consejo u órgano; o
Tiene potestad para emitir la mayoría de los votos en reuniones del consejo de administración u órgano rector equivalente y el control de la entidad recae en dicho consejo u órgano.

El objeto de la definición y las directrices sobre el control es determinar si una entidad ejerce el control íntegro sobre una o más entidades y, además, la aplicación de la norma correspondiente (véase la imagen siguiente).

El proyecto ED 10, entre sus cometidos, destacamos en estos momentos, la revisión de la definición de control, con la finalidad de aplicar los mismos criterios de control a todas las entidades, en los siguientes términos:

una entidad controla a otra cuando tiene poder para dirigir las actividades de esta otra entidad para generar rendimientos para sí misma.

Recordamos que la NIC 27 define el control como:

el poder para dirigir las políticas financiera y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades.

Los siguientes párrafos describen los principales términos introducidos o, en algunas circunstancias, redefinidos en el proyecto de normal, a la vez que detallan la guía específica que el proyecto ED 10 ofrece para evaluar control en las siguientes situaciones:

Cuando existen derechos de veto u otros derechos de otras entidades (referidos en ED 10 como derechos protectores que, aunque restringen, no invalidan el poder que una entidad tiene sobre otra.
Cuando una entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto sobre otra entidad.
Cuando una entidad es tenedora de opciones o instrumentos convertibles que, en caso de ser ejercidos, pueden otorgarle derechos de voto en otra entidad.
Cuando existe una relación de agencia: cómo identificar a agentes que actúan en nombre de una entidad y cómo evaluarcontrol cuando una entidad actúa simultáneamente en su rol de principal y agente.
Cuando se trata de identificar qué entidad controla una entidad estructurada.

Por su parte el ordenamiento contable español recoge el control:

Plan General de Contabilidad, Norma de Valoración y Registro nº 19) como:

el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades.

Código de Comercio (artículo 42) como:

En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:

Posea la mayoría de los derechos de voto.
Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.
Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en los dos primeros números de este apartado.

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.

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La cesión global de activos y pasivos: regulación mercantil y problemática contable.

La cesión global de activos y pasivos (I): regulación mercantil y problemática contable.

noreply@blogger.com (AE) — Sun, 01 Nov 2009 10:16:00 +0000

El pasado 4 de abril, el Boletín Oficial del Estado recogió la publicación de la Ley 3/2009, del 3 abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LMESM), que entró en vigor con carácter general el pasado 5 de julio.

Como el título de la Ley da a entender, regula de forma conjunta las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, definidas, por el Preámbulo de la Ley, como:

aquellas alteraciones de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad y que, por tanto, incluyen la transformación, la fusión, la escisión y la cesión global del activo y del pasivo.

Los tres primeros escenarios de modificación ya se recogían en la Ley de Sociedades Anónimas, constituyendo el último (cesión global del activo y del pasivo) una auténtica novedad en el Derecho español de sociedades.

Además de las modificaciones estructurales referidas la Ley 3/2009 introduce otras modificaciones en el régimen de las aportaciones no dinerarias, con la adición de importantes excepciones a la exigencia de informe del experto independiente, y en el régimen de dividendos pasivos, de la autocartera y de la asistencia financiera, donde es patente aquel postulado legislativo de mayor flexibilidad. Al mismo tiempo, se ha aprovechado la oportunidad para adecuar el régimen del derecho de suscripción preferente y de las obligaciones convertibles al pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 18 de diciembre de 2008.

En relación con las modificaciones estructurales y, en particular, la cesión global de activos y pasivos, dada la novedad, en la regulación, de las mismas, abordamos su análisis desde la óptica normativa y contable. En esta primera entrada, nos ocupamos de la regulación mercantil y en la próxima analizaremos la problemática contable.

La inclusión de las operaciones de cesión global de activo y pasivo, entre las modificaciones estructurales, supone romper amarras con aquella concepción que limitaba esta operación al ámbito propio de la liquidación y, al mismo tiempo, proporciona un instrumento legislativo más para la transmisión de empresas.

Ahora, la Ley permite que una sociedad transmita en bloque todo su patrimonio a otra u otras por sucesión universal a cambio de una contraprestación que no podrá consistir enacciones, participaciones o cuotas del cesionario.

En estos casos, la tutela:

del socio se persigue a través de la información que facilita el proyecto de cesión global y a través del sometimiento del acuerdo a algunos requisitos establecidos para la adopción del acuerdo de fusión; y
la de los acreedores se articula a través del derecho de oposición y de la responsabilidad solidaria del cesionario o cesionarios hasta el límite del activo neto atribuido a cada uno de ellos en la cesión.

Régimen legal de la cesión global

Proyecto de cesión global.

1. Los administradores de la sociedad habrán de redactar y suscribir un proyecto de cesión global, que contendrá, al menos, las siguientes menciones:

La denominación, el tipo social y el domicilio de la sociedad y los datos de identificación del cesionario o cesionarios.
La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.
La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio, la designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a cada cesionario.
La contraprestación que hayan de recibir la sociedad o los socios. Cuando la contraprestación se atribuya a los socios, se especificará el criterio en que se funde el reparto.
Las posibles consecuencias de la cesión global sobre el empleo.

2. Los administradores deberán presentar para su depósito en el Registro Mercantil un ejemplar del proyecto de cesión global.

Informe de los administradores.

Los administradores elaborarán un informe explicando y justificando detalladamente el proyecto de cesión global.

Acuerdo de cesión global.

La cesión global habrá de ser acordada necesariamente por la junta de socios de la sociedad cedente, ajustándose estrictamente al proyecto de cesión global, con los requisitos establecidos para la adopción del acuerdo de fusión.
El acuerdo de cesión global se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación en la provincia del domicilio social, con expresión de la identidad del cesionario o cesionarios. En el anuncio se hará constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores. No será necesaria la publicación del acuerdo de cesión global cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad. Asimismo, deberá ponerse a disposición de los representantes de los trabajadores el proyecto de cesión global y el informe de los administradores.

Derecho de oposición de los acreedores.

La cesión global no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo o, en caso de comunicación por escrito a todos los socios y acreedores, del envío de la comunicación al último de ellos.
Dentro de ese plazo, los acreedores de la sociedad cedente y los acreedores del cesionario o cesionarios podrán oponerse a la cesión, en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos para el caso de fusión.

Escritura e inscripción de la cesión global.

La cesión global se hará constar en escritura pública otorgada por la sociedad cedente y por el cesionario o cesionarios. La escritura recogerá el acuerdo de cesión global adoptado por la sociedad cedente.
La eficacia de la cesión global se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad cedente. Si la sociedad se extinguiera como consecuencia de la cesión, se cancelarán sus asientos registrales.

Impugnación de la cesión global.

Será de aplicación a la cesión global lo dispuesto para las fusiones en el artículo 47 de esta Ley.

Responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas.

De las obligaciones asumidas por un cesionario que resulten incumplidas responderán solidariamente los demás cesionarios, hasta el límite del activo neto atribuido a cada uno de ellos en la cesión; y, según los casos, los socios hasta el límite de lo que hubieran recibido como contraprestación por la cesión, o la propia sociedad que no se hubiera extinguido, por la totalidad de la obligación.
La responsabilidad solidaria de los cesionarios y los socios prescribirá a los cinco años.

Transmisión de valores negociables: ¿IVA o ITPAJD? nueva regulación.

noreply@blogger.com (AE) — Tue, 27 Oct 2009 10:11:00 +0000

Resulta conocido que la transmisión de valores negociables, cotizados o no en un mercado secundario organizado, está exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). No obstante, conforme a la legislación vigente, artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, existen unos supuestos de excepción a la regla general.

En relación con estos supuestos, la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Ley SOCIMI) que publica, el 27 de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce una serie de modificaciones tributarias, entre las que se encuentran los supuestos referidos, quedando de la siguiente forma:

Supuestos de excepción

las transmisiones realizadas en el mercado secundario, así como las adquisiciones en los mercados primarios como consecuencia del ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de conversión de obligaciones en acciones o mediante cualquier otra forma, de valores, y tributarán por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, en los siguientes supuestos:

Cuando los valores o participaciones transmitidos o adquiridos representen partes alícuotas del capital social o patrimonio de sociedades, fondos, asociaciones y otras entidades cuyo activo esté constituido al menos en un 50 por ciento por inmuebles situados en territorio español, o en cuyo activo se incluyan valores que le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles radicados en España, siempre que, como resultado de dicha transmisión o adquisición, el adquirente obtenga una posición tal que le permita ejercer el control sobre esas entidades o, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ellas. A los efectos del cómputo del 50 por ciento del activo constituido por inmuebles, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

A los efectos de este precepto, no se considerarán bienes inmuebles las concesiones administrativas y los elementos patrimoniales afectos a las mismas regulados en el Reglamento (CE) Nº 254/2009 de la Comisión de 25 de marzo 2009, que modifica el Reglamento (CE) Nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Interpretación Nº 12 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF).
Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos los bienes se sustituirán por sus respectivos valores reales determinados a la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición.
No se tendrán en cuenta aquellos inmuebles, salvo los terrenos y solares, que formen parte del activo circulante de las entidades cuyo objeto social exclusivo consista en el desarrollo de actividades empresariales de construcción o promoción inmobiliaria.
El cómputo deberá realizarse en la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición de los valores o participaciones, a cuyos efectos el sujeto pasivo estará obligado a formar un inventario del activo en dicha fecha y a facilitarlo a la Administración tributaria a requerimiento de ésta.
El activo total a computar se minorará en el importe de la financiación ajena con vencimiento igual o inferior a 12 meses, siempre que se hubiera obtenido en los 12 meses anteriores a la fecha en que se produzca la transmisión de los valores.

Tratándose de sociedades mercantiles, se entenderá obtenido dicho control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en el capital social superior al 50 por ciento. A estos efectos se computarán también como participación del adquirente los valores de las demás entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades.

Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la constitución o ampliación de sociedades, o la ampliación de su capital social, siempre que entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años.

Nueva regulación en el IVA de créditos incobrables.

noreply@blogger.com (AE) — Tue, 27 Oct 2009 08:55:00 +0000

Como se esperaba la publicación de la regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Ley SOCIMI) incorpora modificaciones tributarias de interés. En particular, en relación con la relación del IVA con las facturas pendientes de cobro, se modifica la actual regulación de la Ley del IVA al respecto.

El apartado cuatro del artículo 80, queda redactado de la siguiente forma:

La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.

A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:

Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año.
Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este Impuesto.
Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.
Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor.

Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1 anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante reclamación judicial al deudor para proceder a la modificación de la base imponible en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados.
La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere la condición 1 del párrafo anterior y comunicarse a la Administración tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.

Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la emisión, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.

Evidentemente, no es lo que se viene pidiendo desde diferentes esferas empresariales y profesionales. No obstante, habrá que valorar adecuadamente la reforma, pero nos parece una cierta actualización que no supondrá las satisfacciones financieras que necesitan las empresas en la situación actual.

Esta regulación entra en vigor el día siguiente al de la publicación en el BOE, esto es, mañana se tratará de legislación vigente.

¿Qué os parece?

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Propuesta NIIF de valoración a valor razonable (I) para instrumentos de patrimonio.

noreply@blogger.com (AE) — Mon, 26 Oct 2009 16:33:00 +0000

Como parte del proyecto de convergencia con los US GAAP, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó el 28 de mayo un Borrador de Norma de Valoración a Valor Razonable (BNVVR).

El objetivo de este borrador es ofrecer una definición única y unificada de valor razonable así como un marco integrado de valoración a valor razonable, para reducir la complejidad asociada a esta forma de valoración y resolver algunas incoherencias que se han puesto de manifiesto en las sucesivas modificaciones de las diferentes normas.

La nueva definición propuesta de valor razonable, idéntica a la incluida en la norma estadounidense SFAS 157 Valoraciones a valor razonable es la siguiente:

precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración.

El BNVVR parte de delimitar lo que entiende por participantes en el mercado y el precio para posicionar, posteriormente, la aplicación del valor razonable en activos, pasivos e instrumentos de patrimonio. De esta forma:

Los participantes en el mercado son compradores y vendedores en el mercado más ventajoso, independientes entre sí, debidamente informados sobre el activo o el pasivo (supuestamente con la misma información que la entidad que informa), interesados y con capacidad para realizar la transacción. El valor razonable del activo o del pasivo debe medirse considerando las hipótesis que los participantes en el mercado utilizarían al determinar el precio del activo o del pasivo.
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo, en el mercado más ventajoso en la fecha de valoración (precio de salida), ya sea éste un precio directamente observable o un precio estimado mediante alguna técnica de valoración. Los costes de transacción no son una característica específica del activo o del pasivo, sino una característica de la transacción y varían en función de cómo se instrumenta ésta, en consecuencia, el precio para medir el valor razonable no se ajusta por los costes de transacción aunque sí se tienen en cuenta a la hora de determinar el mercado mas ventajoso.

Descritos los participantes en el mercado y el precio, nos ocupamos de precisar la aplicación del valor razonable en instrumentos de patrimonio, en la próxima entrada nos ocuparemos de los activos y pasivos.

Aplicación del valor razonable a los instrumentos de patrimonio

Al igual que para los activos y pasivos, el objetivo de la valoración a valor razonable de un instrumento de patrimonio neto es estimar un precio de salida en la fecha de valoración.

Sin embargo, dado que el emisor de un instrumento de patrimonio neto sólo puede liberarse de éste si el instrumento deja de existir o si la entidad recompra el instrumento al tenedor, el borrador propone que la entidad valore el valor razonable del instrumento de patrimonio neto desde la perspectiva de un participante en el mercado que posee el instrumento como un activo.

Más información: NIC 32,

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¿Están enfermas nuestras empresas? Diagnóstico y mejora.

noreply@blogger.com (AE) — Thu, 22 Oct 2009 16:17:00 +0000

Sabemos que las empresas tienen personalidad y vida propia y, además, tanto sus circunstancias internas como las externas, van variando con el tiempo.

También es conocido que la prevención, y con ello el diagnóstico rápido, es clave a la hora de sanar cualquier tipo de anomalía.

Por ello, resulta aconsejable que las organizaciones, tanto públicas como privadas, acudan periódicamente a un médico organizativo, porque al igual que sucede con la salud física, muchas veces resulta casi imposible el autodiagnóstico. Como señala Javier Fernández Aguado:

En parte, porque la visión que una organización tiene de sí misma—como sucede con las personas—está claramente mediatizada por las propias experiencias. Contar con alguien que haya contemplado muchas más organizaciones y que haya contribuido a su curación puede ser muy útil.

En este sentido, el Informe de la salud de las empresas en España se señala como patología organizativa más presente en la empresa española el estrés, es decir, se considera que la empresa, en general:

funciona bajo un ritmo asfixiante que provoca que los empleados estén en estado de tensión constante provocado por objetivos inalcanzables, escasez de personal, pérdidas de tiempo, etc.,
se determina también que la empresa española se debilita por falta de recursos financieros y humanos debido al endeudamiento excesivo, escaso liderazgo, falta de medidas de conciliación..., todo ello provocado por la osteoporosis.

El modelo de patologías organizativas, creado por Javier Fernández es el resultado de utilizar:

la metáfora de la persona humana para trabajar con organizaciones. Frente a otras posibilidades, como emplear el referente de la máquina, la prisión, el psiquiátrico, la gallera o el jardín de infancia, considero que manejar los modos de actuar de la persona humana como modelo nos permite obtener consecuencias creativas e innovadoras, en pro tanto de la competitividad como de la felicidad de quienes en las organizaciones trabajan.

Seleccionar una buena metáfora resulta esencial para lograr los objetivos deseables. Si nos equivocamos, conducimos al desastre a una organización o a una sociedad. Algunos ejemplos serían el Reich hitleriano de los mil años; el gran salto adelante, de Mao; la sociedad sin clases, de Marx; los niños a medida, propugnados por galenos que bien lejos han dejado su juramento hipocrático; o, en fin, el aprendizaje sin esfuerzo, que proponen academias que nunca enseñarán correctamente un idioma.

Para concluir, recogemos las sugerencias de Javier Fernández (acaba de recibir en EE.UU. el premio Peter Drucker a la Innovación en Management) en una conferencia sobre el análisis de las patologías organizativas y sociales:

Cuidado con los cínicos, que defino como aquellos que exclaman: ¡la esperanza es lo último que se perdió!
Es preciso hablar menos de la crisis y actuar más y mejor, pues, al igual que las enfermedades, se acrecienta cuando uno piensa demasiado en ella.
Ante un Estado con elefantiasis, y en vista de noticias que hoy en día escuchamos, podemos preguntar como lo hiciera en su día el gran pensador del siglo IV en Occidente: Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisimagna latrocinia? Et quid sunt latrocinia, nisi parva regnum?Si eliminamos la justicia, ¿en qué se convierte un Estado, sino en una gran banda de ladrones…?La ausencia de ética conduce a profundos padecimientos, tanto personales como colectivos. No en vano, la ética es la ciencia de la felicidad.
En periodos de crisis, resulta aconsejable tener presente una entrañable oración del sabbath: Quien llora su pena aumenta, Quien canta su pena ahuyenta.
En la mayor parte de las situaciones -¡no en todas!- los problemas no surgen de la falta de medios, sino de la miseria de voluntades...
Termino ya y lo hago con una comparación de dos civilizaciones: Los etruscos acabaron desapareciendo a causa de la molicie, por haber perdido la capacidad colectiva de iniciativa y creatividad. Los romanos se impusieron por su anhelo de mejora, por su disposición al esfuerzo sin retribución inmediata… Mientras esa actitud duró, desarrollaron uno de los Imperios más consistentes de la historia.

Me atrevo a sugerirles: ¡seamos más romanos y menos etruscos!

Más información:

Imagen: Tatum

Los créditos por retenciones (IRPF) de la Agencia Tributaria en los concursos de acreedores.

noreply@blogger.com (AE) — Mon, 19 Oct 2009 14:04:00 +0000

Recientemente nos hemos ocupado de la problemática en los concursos de acreedores de los créditos de la Agencia Tributaria por IVA, conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo calificados, con argumentos conceptuales muy solventes, como créditos concursales.

En esta entrada, nos ocupamos de una situación, similar a la anterior, refiriéndose ahora a la calificación de los créditos de la Agencia Tributaria por retenciones por IRPF en situaciones de concursos de acreedores. Es decir, se trata de delimitar la forma de computar el privilegio general establecido en favor de los créditos de la Hacienda Pública.

Conviene recordar que la vigente Ley Concursal (LCon) señala como créditos con privilegio general, entre otros:

Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 50 % de su importe.

Defiende la Agencia Tributaria el privilegio citado señalando que:

especialmente en cuanto a las retenciones, la LCon los créditos por retenciones del IRPF cuyo vencimiento es posterior al auto de declaración de concurso deben ser considerados como créditos contra la masa (artículo 84.2.10.º LCon ), pues las retenciones del IRPF integran una obligación autónoma, la cual surge, en cuanto a la obligación de retener, en el momento en que se abonan las rentas correspondientes (artículo 76 RIRPF 2004) y, en cuanto a la obligación de ingreso a favor de la AEAT de lo retenido, en el plazo señalado para la presentación de la declaración por el artículo 106 RIRPF 2004.

En esta situación el Tribunal Supremo ha establecido, al igual que para los créditos por IVA, como doctrina que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales.

Esta conclusión se funda en los siguientes argumentos:

El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT . Según el artículo 6.1 LIRPF 2004 constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente.

De esta regulación se sigue que la obligación del retenedor, en sus dos aspectos de retención e ingreso en el Tesoro, nace en el momento del abono de las rentas o salarios con independencia de que la retención se realice o no y del momento en que proceda efectuar el ingreso. No entendemos aceptable la posición de la Abogacía del Estado con arreglo a la cual nacerían en momentos diversos la obligación de retener y la obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, pues la regulación que acaba de exponerse refleja que se trata de dos aspectos de la misma obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto.

Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, determina que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon, aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son créditos contra la masa los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso. El artículo 84.1 LCon establece que constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa.
La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede el ingreso, que propugna la Agencia Tributaria, tendría el inconveniente, según la sentencia comentada, de introducir discriminaciones según el régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los plazos de ingreso pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general que ordena el ingreso en los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración del Estado, y los retenedores con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las retenciones en los veinte primeros días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004).

Más información: Sentencia Tribunal Supremo (pdf)

Aplazamiento de deudas tributarias: Pagos fraccionados del IS.

noreply@blogger.com (AE) — Thu, 15 Oct 2009 08:26:00 +0000

Pueden aplazarse, con carácter general, todas las deudas tributarias (nos centramos en aquéllas que corresponden a la Agencia Tributaria) a excepción de las que deben ingresarse mediante efectos timbrados y las derivadas de aquellas cantidades que debían ser retenidas a terceros a cuenta del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades.

No obstante, excepcionalmente, serán susceptibles de aplazamiento estas deudas también cuando: la exigencia del pago pudiera comprometer la capacidad productiva, el nivel de empleo de la actividad económica o pudiera suponer graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.

Nos centramos, en esta ocasión, en la posibilidad de aplazar los importes a pagar resultantes de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades (Modalidades: art. 45.2 y art. 45.3).

Resulta conocido, por otra parte, que la Ley General Tributaria (LGT), art. 65 establece que:

Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. Tampoco podrán aplazarse o fraccionarse las deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria.
Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en el artículo 82 de esta Ley y en la normativa recaudatoria.
Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso.
La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

La Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento

En la cuestión que nos ocupa, en esta entrada, parece necesario acudir a la normativa para conocer lo dispuesto en relación con los retenedores, obligados a liquidar pagos a cuenta y pagos fraccionados, estableciendo la LGT (art. 37) que:

Es obligado a realizar pagos fraccionados el contribuyente a quien la Ley de cada tributo impone la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal con anterioridad a que ésta resulte exigible.
Es retenedor la persona o entidad a quien la Ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a éstos.
Es obligado a practicar ingresos a cuenta la persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias y a quien la Ley impone la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo.

Por tanto, la normativa vigente (art. 37 de la LGT) clasifica a los obligados a realizar pagos a cuenta en tres categorías: obligados a realizar pagos fraccionados, retenedores y obligados a practicar ingresos a cuenta.

En esta situación, la Agencia Tributaria reconoce que:

De estas tres categorías el art.65 de la LGT únicamente considera inaplazables a las deudas correspondientes a las obligaciones que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, por lo que debemos concluir que las deudas correspondientes a pagos fraccionados sí son aplazables.

Utilidades (Agencia Tributaria)

Aplazamientos de deudas

Tramitaciones:

Fondos Propios (Cooperativas): ¡Racionalidad económica!

noreply@blogger.com (AE) — Tue, 13 Oct 2009 10:30:00 +0000

Es conocido que el nuevo Plan General de Contabilidad (PGC) ha introducido cambios relevantes en la calificación de determinados instrumentos, como determinadas acciones emitidas por la empresa y algún destino de los beneficios en la aplicación de resultados.

Con anterioridad nos hemos ocupado de la problemática de las acciones sin derecho a voto y, algunas, acciones rescatables que se califican, con la entrada en vigor del PGC, como pasivos, atendiendo a la realidad económica de la operación y no sólo a su forma jurídica.

Una de las manifestaciones más interesantes de la problemática contable de la relación existente entre realidad económica y jurídica, se puede contemplar en la controvertida delimitación entre fondos propios y ajenos en las sociedades cooperativas.

Las Normas sobre los aspectos contables de las Sociedades Cooperativas (NCSC), de conformidad con la Disposición final tercera del Real Decreto 1643/1990, adaptaron las normas de valoración y elaboración de las cuentas anuales incluidas en el Plan General de Contabilidad de 1990 a las condiciones concretas del sujeto contable. Nos resulta interesante la introducción, en este sentido, que realiza las NCSC:

El criterio para realizar esta clasificación ha tenido en cuenta un previo análisis de los aspectos, tanto jurídicos como económicos, de los diferentes conceptos recogidos en las leyes de cooperativas, que en principio pudieran tener la consideración de fondos propios. En sintonía con este razonamiento, las aportaciones a título de Capital temporal previstas en determinadas leyes, a pesar de su denominación, en tanto están condicionadas a una duración determinada han sido calificadas como una deuda con determinadas características propias sobre las que habrá de informarse en la memoria. Por el contrario, la norma quinta regula determinados fondos subordinados con vencimiento en la liquidación de la cooperativa, calificando estas partidas, como fondos propios de la sociedad cooperativa, atendiendo a que se trata de una forma de financiación que permanece en la cooperativa hasta la aprobación de su liquidación, y que en cuanto a prelación de créditos se sitúa detrás de todos los acreedores comunes.

Conviene recordar que la Disposición transitoria quinta Desarrollos normativos en materia contable, del Real Decreto 1514/2007, se pronuncia sobre la vigencia de las NCSC en los siguientes términos:

Con carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia contable en vigor a la fecha de publicación de este real decreto seguirán aplicándose en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, disposiciones específicas y en el presente Plan General de Contabilidad.

En particular, las entidades que realicen actividades no mercantiles que vengan obligadas por sus disposiciones específicas, a aplicar alguna adaptación del Plan General de Contabilidad, seguirán aplicando sus respectivas normas de adaptación en los términos dispuestos en el párrafo anterior, debiendo aplicar los contenidos del Plan General de Contabilidad o, en su caso, del Plan General de Contabilidad de PYMES en todos aquellos aspectos que han sido modificados. Se deberán respetar en todo caso las particularidades que en relación con la contabilidad de dichas entidades establezcan, en su caso, sus disposiciones específicas.(...)

Los criterios por los que se establece la delimitación entre fondos propios y fondos ajenos en las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, aprobadas por Orden del Ministerio de Economía 3614/2003, de 16 de diciembre, podrán seguir aplicándose hasta 31 de diciembre de 2009.

Por tanto, para el inicio del ejercicio 2.010 debemos disponer del desarrollo reglamentario que contemple la definitiva (o no) delimitación entre fondos propios y ajenos, que conceptualmente, no supone una especial dificultad, en el ámbito de las sociedades cooperativas. Nos parece interesante el análisis de la situación resultante, cuestión que comentaremos en próximas entradas.

Nuestra intención, para esta entrada, es ocuparnos del importante avance que supuso, con la aprobación de las NCSC, la calificación asignada al Fondo de Educación, Formación y Promoción (FEFP).

Resulta conocido que, con carácter general, la dotación del FEFP se efectúa en función del resultado positivo de la cooperativa en el ejercicio, e incorpora además las subvenciones, donaciones y ayudas concedidas a la cooperativa, así como las sanciones impuestas a los socios, que de acuerdo con la normativa sobre cooperativas se vinculen al citado fondo.

Las particularidades que presenta su dotación y la diferente calificación que recibe este fondo en las distintas leyes de cooperativas han dado lugar al planteamiento de dos posturas alternativas para su tratamiento contable, según se incida en su consideración como fondos propios o como fondos ajenos.

La discusión de estas alternativas sobre el Fondo de Educación, Formación y Promoción, al tratarse de una partida que puede recoger características de fondo propio y de fondo ajeno, ha hecho considerar eclécticamente que la solución más adecuada para su contabilización es crear una nueva agrupación en el pasivo del balance denominada Fondo de Educación, Formación y Promoción que aparecerá situada inmediatamente después de la agrupación de Ingresos a distribuir en varios ejercicios, lo que facilita el análisis de las cuentas anuales por los posibles usuarios. Sin perjuicio de lo anterior, la dotación de dicho fondo se incorporará como un gasto, en una agrupación independiente de la cuenta de pérdidas y ganancias (...).

Para centrar la situación en el marco del nuevo PGC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) recoge en la consulta3 del BOICAC 76 la calificación correspondiente al FEFP conforme al nuevo plan, señalando que:

El Fondo de Educación, Formación y Promoción, regulado en la norma sexta de las NCSC, se identifica con los importes que obligatoriamente deben constituir las sociedades cooperativas con la finalidad de ejecutar determinadas actividades que beneficiarán a los socios, trabajadores y, en su caso, a la comunidad en general, mostrándose en una nueva agrupación intermedia del pasivo del balance, entre los ingresos a distribuir y las provisiones para riesgos y gastos, con la denominación «Fondo de Educación, Formación y Promoción», porque tal y como se mencionaba en la introducción de las citadas normas de adaptación presentaba características de fondo propio y de fondo ajeno.

Para otorgar su adecuada calificación contable en la nueva normativa, debe atenderse al «Marco Conceptual de la Contabilidad» incorporado en la primera parte del PGC y en particular a la definición que en dicho marco se hace de los:

pasivos como obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones.

De acuerdo con esta definición, el Fondo de Educación, Formación y Promoción que deben dotar las sociedades cooperativas en cumplimiento de su normativa específica se califica en el nuevo marco contable como un pasivo, y en consecuencia deberá lucir en un epígrafe con adecuada denominación en el pasivo del balance. Su presentación en el pasivo corriente o, no corriente, deberá realizarse en sintonía con el criterio incluido en la norma de elaboración de las cuentas anuales 6ª. «Balance», apartado 1, del PGC.

Para concluir, señalar que el paso dado con la calificación contable del FEFP resulta alentador sobre la postura normativa en el resto de cuestiones y situaciones conflictivas: capital temporal fondos subordinados, determinados importes del capital social,... contemplando, evidentemente, la realidad económica y no sólo la jurídica pero apelando, además, a la necesaria sensibilidad y racionalidad económica que se merecen los agentes sociales implicados.

Nueva regulación de las participaciones significativas (I).

noreply@blogger.com (AE) — Tue, 13 Oct 2009 07:54:00 +0000

La necesidad de garantizar la estabilidad de las entidades financieras, en defensa del normal funcionamiento de los mercados y para la protección de los usuarios de servicios financieros, justifica, con carácter general, toda la normativa financiera de ordenación y disciplina.

Dentro de este amplio sector del ordenamiento financiero se encuentra, desde su introducción en los años noventa, la regulación del régimen de participaciones significativas. Este régimen aborda la evaluación cautelar de las adquisiciones de participaciones que puedan suponer el ejercicio de una influencia notable en las entidades financieras.

Se trata, en definitiva, de un control administrativo previo que tiene por objeto evaluar, a efectos prudenciales, la identidad, honorabilidad y solvencia de los accionistas más significativos de las entidades. En la práctica, supone extender la labor de supervisión de la autorización de entidades a cualquier modificación posterior de su estructura accionarial que pueda afectar a la idoneidad de los propietarios.

La Ley 5/2009 traspone al Derecho interno la Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de septiembre, que tiene por propósito la clarificación de los criterios y procedimientos conforme a los cuales se evalúa la idoneidad de los adquirentes potenciales de participaciones significativas en entidades supervisadas.

Para ello, la Directiva establece tres ejes fundamentales que son también desarrollados por la Ley 5/2009:

Diseño de un procedimiento de evaluación más preciso y con plazos más ajustados.
Establecimiento de los criterios que deben servir de base al análisis de las adquisiciones propuestas.
Refuerzo de la colaboración entre los supervisores de la entidad adquirida y la adquirente.

El concepto de participación significativa pivota en la normativa española en torno a dos enfoques:

El cualitativo que identifica la participación significativa con la posibilidad de ejercer una influencia notable en la entidad adquirida.
Y el cuantitativo, que determina un porcentaje de capital o de derechos de voto cuya posesión supone la existencia objetiva de una participación de este tipo.

Para homogenizar este concepto se establece por la Ley 5/2009 que la participación significativa surgirá al alcanzar al menos el 10% del capital social o de los derechos de voto de la entidad adquirida. Anteriormente la normativa fijaba el umbral en el 5%, salvo en el caso de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en los que ya se preveía el umbral del 10%.

No obstante, la adquisición de un porcentaje igual o superior al 5% del capital o los derechos de voto dará lugar a la obligación de notificación inmediata al supervisor correspondiente de la adquisición, aunque no será preciso realizar ningún trámite de manera previa.

Como excepción, no se tendrán en cuenta en el cómputo de los derechos de voto o de capital aquellos que resulten del aseguramiento de una emisión o de una colocación de instrumentos financieros ni de la colocación de instrumentos financieros basada en un compromiso firme, siempre que estos derechos no se vayan a utilizar para intervenir en el Consejo de Administración del emisor y sean cedidos en el plazo de una año desde su adquisición.

Normativa: Ley 5/2009, de 29 de junio (pdf)

Otoño fiscal: preámbulo del cierre del ejercicio.

noreply@blogger.com (AE) — Tue, 06 Oct 2009 08:59:00 +0000

Se inicia el cuarto trimestre del año (natural) y esto supone en el ámbito de la empresa (grande, pyme, microempresa o autónomo) afrontar el periodo de declaraciones fiscales correspondiente (trimestral o mensual) y, el retorno de las preocupaciones que resulta, la preparación del cierre del ejercicio en su triple dimensión: económica, tributaria y contable.

Utilidades:

Modelo 303 (normativa y procedimiento de liquidación).
Modelo 340.
Normativa.
Más información.
Otros.

Utilidades:

Habría que recordar que, el plazo de presentación de las declaraciones correspondientes al mes de octubre (trimestrales o mensuales) concluye el día 20, en la práctica se adelanta unos días, desde la obligatoriedad –principio de 2009- de la presentación telemática, en la mayoría de las declaraciones.

Esta situación debía estar solucionada con la aprobación de la Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.

Pretende la citada resolución optimizar el proceso de liquidación de los pagos y la presentación de las declaraciones, mediante la gestión de los colaboradores sociales previa inscripción en el registro habilitado a tal efecto. No obstante, a pesar de la entrada en vigor el 1 de julio, su implantación para la liquidación de este mes de octubre es prácticamente nula.