La publicidad de las cuentas anuales constituye uno de los deberes de transparencia impuestos a las sociedades en atención a intereses generales y de terceros, y tuvo entrada en nuestro Derecho con la publicación de la
Ley 19/1989 de 25 de julio, sobre reforma y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades de capitales. En desarrollo de la Cuarta Directiva, el artículo 110.f de la citada Ley que,
dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales,
habría de presentarse para su depósito en el Registro Mercantil la
certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas
junto con un ejemplar de éstas, considerando como
infracción administrativa el
incumplimiento de esta obligación, castigada con la
sanción pecuniaria a que hacía referencia el apartado 6 de la norma citada (véase
aquí situación actual).
El cierre registral motivado por la falta de depósito de cuentas de las sociedades fue introducido, con la finalidad de reforzar el cumplimiento de esta obligación, con posterioridad recogiéndose en la Ley de Sociedad Anónima, LSA, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, LSRL y en el Reglamento del Registro Mercantil, RRM.
con la reforma del artículo 221 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), redactado según disposición adicional segunda, apartado 20, y disposición final segunda de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de 23 de marzo de 1995, y complementado por el artículo 378 y la disposición transitoria quinta del Reglamento del Registro Mercantil.
La LSA señala en su
vigente redacción que:
el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere esta sección dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista
Y el
precepto reglamentario antes citado establece que:
transcurrido un año desde la fecha de cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno presentado con posterioridad a dicha fecha y relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas.
Fue la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de octubre de 2005 la que precisó el alcance temporal de esta exigencia, al señalar que este cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y que subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista.
Por ello, teniendo en cuenta el carácter excepcional de la normativa sancionadora y la interpretación favorable que debe prevalecer a los afectados por ella, a efectos de enervar el cierre registral únicamente es necesario presentar las cuentas correspondientes a los tres últimos ejercicios, y no las de cinco ejercicios como podría resultar de una interpretación literal del artículo 19 del Reglamento del Registro Mercantil, que dispone que en las certificaciones literales para traslado debe el Registrador incluir las cuentas de los cinco últimos.
No se ocupó aquella Resolución, por su obviedad, de otro aspecto del ámbito temporal como es el de a
qué documentos se aplica el cierre. Ello aparece terminantemente resuelto y sin margen interpretativo alguno por el
artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil, según el cual:
transcurrido un año desde la fecha de cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el Registrador no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a dicha fecha.
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