Hemos comentado recientemente en el Paraguas de la vinculación que éste es tan suficientemente amplio que acoge a todas las empresas (físicas y jurídicas) en la obligación de documentar sus operaciones en los siguientes términos:
1. La documentación específica del obligado tributario deberá comprender:
a. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del obligado tributario y de las personas o entidades con las que se realice la operación, así como descripción detallada de su naturaleza, características e importe.
Asimismo, cuando se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, deberá identificarse a las personas que, en nombre de dichas personas o entidades, hayan intervenido en la operación y, en caso de que se trate de operaciones con entidades, la identificación de los administradores de las mismas.
b. Análisis de comparabilidad en los términos descritos en el artículo 16.2 de este Reglamento.
c. Una explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo una descripción de las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma de aplicación, y la especificación del valor o intervalo de valores derivados del mismo.
d. Criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o entidades vinculadas, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes a que se refiere el artículo 17 de este Reglamento.
e. Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el obligado tributario para determinar la valoración de sus operaciones vinculadas, así como los pactos parasociales suscritos con otros socios.
2. Las obligaciones documentales previstas en el apartado anterior se referirán al período impositivo o de liquidación en el que el obligado tributario haya realizado la operación vinculada.
Cuando la documentación elaborada para un período impositivo o de liquidación continúe siendo válida en otros posteriores, no será necesaria la elaboración de nueva documentación, sin perjuicio de que deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesarias.
No obstante, tratándose de empresas de reducida dimensión y las personas físicas (salvo que se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales) no serán exigibles las obligaciones descritas, en cuyo caso las obligaciones específicas de documentación de los obligados tributarios comprenderán:
a. Las previstas en las letras a, b, c y e del apartado 1 cuando se trate de operaciones realizadas por contribuyentes del IRPF a los que resulte de aplicación el régimen de estimación objetiva con sociedades en las que aquellos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 % del capital social o de los fondos propios.
b. Las previstas en las letras a y e del apartado 1, así como las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a los descuentos de flujos, expectativas y demás valores empleados en la determinación del valor cuando la operación consista en la transmisión de negocios o valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE.
c. Las previstas en las letras a, c y e del apartado 1 en los supuestos de transmisión de inmuebles o de operaciones sobre intangibles.
d. La prevista en la letra a del apartado 1, así como la justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16.6 de este Reglamento cuando se trate de las prestaciones de servicios profesionales a las que les resulte de aplicación lo previsto en el citado artículo.
e. Las previstas en las letras a y e del apartado 1, así como la identificación del método de valoración utilizado y el intervalo de valores derivados del mismo, en el resto de los casos.
Recordamos (ver detalle aquí) que las operaciones de documentación establecidas por el RD 1793/2008:
- Hacen referencia a todas aquellas operaciones que se realicen a partir del 19 de febrero de 2009: ya sean operaciones puntuales u operaciones continuadas o de tracto sucesivo. Por ello, las nuevas obligaciones también afectan a las transacciones vinculadas acordadas con anterioridad al 19 de febrero 2009, en la medida en que todavía se encuentren en vigor
- La obligación de valorar las operaciones vinculadas por el valor normal de mercado afecta a todos los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades y del IRPF desde el 1 de diciembre de 2006.
- Todos estos sujetos pasivos deben de estar en disposición de probar a la Agencia Tributaria el valor de mercado de sus operaciones vinculadas.
- Las operaciones vinculadas realizadas desde el 19 de febrero de 2009 deberán de incorporarse a la documentación de precios de transferencia que será el único medio de prueba válido del valor de mercado de las operaciones vinculadas.
Será objeto de sanción (el no aportar la documentación, o aun aportándola, que la documentación sea incompleta, inexacta o falsa) con 1.500€ por cada dato ó 15.000€ por cada conjunto de datos omitido, inexacto o falso y en el supuesto de que el valor de las operaciones difiera del contemplado en la documentación: el 15% de la diferencia de valor comprobada con un mínimo de 3.000€ por cada dato omitido o falseado ó 30.000€ por cada conjunto de datos omitido o falseado como se muestra en la tabla anterior.
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